Un total de 25 grandes empresas recibirán parte de las subvenciones para poder prestar su servicio en euskera y poder atender en lengua vasca a los consumidores que así lo demanden. El anterior Gobierno vasco creó esta línea de ayudas en virtud del decreto por el que se reconoce que grandes empresas de servicios y establecimientos deben garantizar que sus clientes puedan ejercer sus derechos lingüísticos, lo que significa en la práctica que deberán atender a sus consumidores en euskera. Para ayudar a esas compañías a que se adapten, el año pasado la viceconsejería de Política Lingüística creó estas ayudas que, en su segunda convocatoria, serán recibidas por 25 entidades.
Se trata de grandes empresas, principalmente del sector bancario, así como grandes superficies de distribución (Carrefour o el Corte Inglés, entre otros), especializadas (Media Markt o Toys "R" Us, por ejemplo), de telecomunicaciones o sanitarias. Todas ellas tienen gran implantación en el conjunto de la CAV. Recibirán partidas que van desde los 800 euros hasta los 45.000 máximos de los que dispondrán varias de las compañías financieras y de telecomunicaciones, con centenares e oficinas repartidas por la CAV.
En sus solicitudes deberán detallar en qué invertirán la subvención. Se trata de proyectos para adaptar carteles, folletos, páginas web o la rotulación de las oficinas en las que entran sus consumidores, así como en la euskaldunización de parte de su personal que trabaja en la atención al público.
el decreto Las ayudas, para las que el anterior ejecutivo acordó una partida de 600.000 euros anuales durante cuatro años, se crearon tras la aprobación del decreto en relación a los derechos lingüísticos del consumidor en julio de 2008, que desarrolla la Ley del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de 2003.
Según el texto, la obligatoriedad de garantizar la atención a los clientes en los dos idiomas oficiales de la CAV atañe al 6,5% de los 31.000 comercios y establecimientos de servicios que operan en la CAV (en torno a 2.000), aunque por su dimensión mueven el 40% del negocio del sector. Concretamente, deben poder atender en euskera entidades de telecomunicaciones, transportes, grandes firmas con más de 250 trabajadores, un volumen de negocio superior a 50 millones de euros anuales y comercios de más de 400 metros de superficie de venta. Dependerá de los recursos y el tamaño de cada una el plazo en el que deberá cumplir el decreto, un proceso en el que podrá contar durante un máximo de cuatro años con las ayudas de esta partida de subvenciones creada por el Gobierno vasco.
El incumplimiento de esta norma implicará sanciones económicas no superiores a los 500 euros, aunque en su momento se aclaró que se apostaría más por otras vías que por la coercitiva para lograr el cumplimiento de la norma.
En el momento de su aprobación, el decreto originó cierta controversia, sobre todo originada por parte del PSE-EE y PP -el partido del actual gobierno y su socio parlamentario, respectivamente-, que acusaron al PNV y al entonces viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, de "imponer" la euskaldunización al comercio. Los populares presentaron incluso una proposición no de ley en el Parlamento Vasco para que se derogara el decreto que, aunque logró el apoyo de los socialistas, no la consiguieron sacar adelante por la oposición del resto de grupos presentes en la Cámara la legislatura anterior.
Así, el año pasado el Ejecutivo entregó las primeras ayudas y convocó el plazo para presentar las solicitudes correspondientes a este año antes de las elecciones autonómicas. Paradójicamente, el Ejecutivo de Patxi López ha tenido que resolver ahora las partidas correspondientes a esta convocatoria. Al igual que entonces, las firmas que recibirán las subvenciones no se limitarán a cumplir con el decreto, ya que plantean planes concretos para iniciativas que van más allá, ya que proponen incluso la euskaldunización de todo su sistema informático y ofrecer toda la información a disposición del cliente en euskera.
desde Deia
